A pesar de que este ínfimo blog no suele ser pasarela de mis causas (mis pobres causas que de perdidas no sólo tienen el diagnóstico, sino la vocación), en esta ocasión no puedo evitar que la indignación, el sinsabor pues, me lleve a publicar lo siguiente:

El 6 de junio del 2008, 150 efectivos de la paramilitar Policía Federal Preventiva (PFP) de México cerraron en un grandilocuente operativo una pequeña radio comunitaria de un watt de potencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Esa pequeña radio comunitaria, llamada “Tierra y Libertad” le servía a las colonias organizadas en la asociación civil del mismo nombre para difundir la información propia de la comunidad; estas colonias tienen una historia particular de lucha por el derecho a la vivienda, principal causa que ha congregado a las familias que las habitan desde la década de los 70.

Las personas que administraban la radio hicieron una solicitud de permiso durante el año 2002; huelga decir que hasta el momento del operativo nunca obtuvieron respuesta alguna de las autoridades. Y la “respuesta”, como cabía esperar, llegó seis años después y fue de una brutalidad apabullante: a pesar de la resistencia pacífica de los miembros de la comunidad, los efectivos de la PFP incautaron los equipos de transmisión y amedrentaron a los miembros de la radio y de la comunidad.

A pesar de estar sentados con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, en un acercamiento para la regularización de varias radios comunitarias mexicanas, entre las que se incluye “Tierra y Libertad”, las autoridades de la COFETEL(1) turnaron el caso a la Secretaría de Gobernación (2) y éstos hicieron una denuncia penal contra el Doctor Héctor Camero Haro, responsable de la radio y uno de los principales dirigentes de la asociación civil. Al Dr.Camero lo acusan de violar la Ley General de Bienes Nacionales (3). Irónicamente, el expediente entregado por la asociación Tierra y Libertad a la COFETEL, con miras a la regularización de la radio, ha sido calificado de “intachable”; sin embargo, los afanes represivos del Estado Mexicano han permitido que la acción penal llegue hasta el punto de que hayan sido liberados una orden de aprehensión y un auto de formal prisión en contra del Dr. Camero, quien continuó hasta hoy en libertad gracias a un amparo y podría necesitar continuar su proceso bajo caución debido a su nueva situación jurídica. Y pensar que si hubiera habido la voluntad política para solucionar esto, “Tierra y Libertad” estaría estrenando el permiso número 13 para una radio comunitaria en México. Pero no fue así.

Resulta extremadamente delicado que el Estado Mexicano esté empecinado en llevar los asuntos de libertad de expresión al campo de la acción penal. Más allá del hecho incontrovertible de que los asuntos de libertad de expresión han sido sancionados principal y tradicionalmente en el ámbito administrativo, llama a escándalo que el Estado Mexicano no sólo desatiende sus compromisos internacionales en la materia, cosa nada nueva, sino que asimismo está comenzando a utilizar argumentos que criminalizan la libertad de expresión. Valdría la pena recuperar la letra de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ratificada por México; declaración que en más de la mitad de sus artículos es no sólo ignorada por el Estado Mexicano sino que ahora es sistemáticamente violentada por éste.

Instalar y operar una estación comunitaria sin permiso en México es no sólo una vía por lo menos indefectible para el ejercicio de la libertad de expresión (en tanto las condiciones para el otorgamiento de permisos siguen siendo estructuralmente inadecuadas y excluyentes en el país, y en tanto la respuesta de la autoridad ante las solicitudes expresas de permiso por parte de diversas radios comunitarias sigue siendo, por sistema, el silencio), sino que hoy por hoy constituye una respuesta contundente frente a una sistemática omisión del Estado Mexicano. Una omisión que ha sido señalada, analizada y evidenciada desde la sociedad civil y desde los organismos internacionales desde hace ya más de dos décadas (para que luego no digan “es que no sabíamos”). Una omisión que, al dejar en entredicho el ejercicio de una libertad fundamental por tantos años, de manera tan prepotente e injustificada, equivale a la suspensión de garantías individuales propia de un estado de sitio.

En su plaquette “Estudio sobre la Incompatibilidad con los Principios de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión del Castigo Penal de la Radiodifusión No Autorizada” el Dr. Damián M. Loreti establece un principio que aclara de mejor manera lo que significa la alternativa administrativa frente a la “necesidad del Estado” de “aplicar la ley”:

“…de acuerdo a las interpretaciones sobre el principio de necesidad y de los fundamentos del derecho penal, existen medidas alternativas y menos restrictivas de la libertad de expresión que la previsión y tipificación penal de la realización de emisiones sin autorización que merecen ser consideradas por los sistemas jurídicos nacionales. Ello toma particular relevancia cuando nuestro continente registra graves vicios en materia de administración de espectro radioeléctrico y acceso a las licencias que no sólo no responden a los Principios de Libertad de Expresión de la Declaración de la CIDH de Octubre de 2000, sino que incluso han sido cuestionados en más de una oportunidad en los Informes Anuales y particulares por país de ese mismo organismo”(4).

La acción penal sobre el Dr. Héctor Camero no sólo establece un antecendente sumamente peligroso en nuestro país (por primera vez se dicta auto de formal prisión contra un comunicador comunitario en México) sino que establece las condiciones para que la de por sí precaria situación de libertad de expresión en México de un salto atrás de por lo menos medio siglo. Si en el año 2005 se celebró como un incontrovertible avance el que le fueran otorgados 11 permisos a diferentes organizaciones de radio comunitaria en el país, luego de más de 40 años en que esto no ocurría, hoy tenemos que lamentar que la discrecionalidad del Estado Mexicano baste para perseguir penalmente a unos y para solapar criminalmente a otros. Baste ver el caso de la multitud de radios piratas que comercializan sin concesión y sin fin social alguno (como no sea el fin social de acumular ganancias) y que no sólo no son tocadas por la autoridad sino que incluso se tolera que invadan la frecuencia de otras radiodifusoras con permiso (como es el caso de La Voladora Radio -la radio comunitaria en la que yo trabajo y milito-, en Amecameca, invadida por una emisora “legal” de Cuernavaca y por otra “pirata” de Chalco). En esa jungla en la que se ha convertido el mapa de la radiodifusión en México (caos provocado, vale señalar, por una ley absurda, retrógada, extemporánea, estúpida) los más pequeños llevan la de perder: por un lado, porque se trata de un mapa en el que está destinado a prevalecer el que tenga los mejores equipos y los “derechos de primer nivel” (es decir, el que tenga la mayor cantidad de dinero) y porque la acción de la autoridad está destinada exclusivamente para aquellos que menos pueden defenderse de ella, en tanto son los que se aventuran en el espectro radioeléctrico con los fines más nobles (es decir, esos fines que no dejan dinero). Y ¿no es esa aplicación sesgada, selectiva y discrecional de la acción de la autoridad la definición misma de la palabra “autoritarismo”?

Por si fuera poco, valdría la pena preguntar a las autoridades competentes (ese indefinido, desestructurado e inerme monstruo conformado ahora por la COFETEL, la SEGOB, la SCT (5) y la ciudad del Vaticano; eso último fue ironía) si su capacidad de cierre de radios “clandestinas” se puede comparar con la capacidad de la sociedad civil para abrir nuevas radios. Si la respuesta es “si, pero no”, el estado tiene como única salida (y de acuerdo al perfil de ultra derecha que ha venido siguiendo) recrudecer la violencia de la represión y comenzar a “dar ejemplos” de lo infame que puede llegar a ser. Calculo que ese es el mensaje que está comenzando a mandar al liberar una orden de aprehensión contra el Dr. Camero, o al enviar un “operativo” del tipo “guerra contra el narco” contra una pequeña radio comunitaria de un watt de potencia. Lo malo de esta salida es que un escenario así va a tender, irremediablemente, a la radicalización de los movimientos sociales que defienden su legítimo derecho a subsanar sus necesidades de comunicación. Si la respuesta fuera un honesto “no”, tanto la autoridad competente como los diversos poderes del Estado harían un esfuerzo claro, inequívoco, por legislar el acceso de las comunidades a las ondas radioeléctricas de manera adecuada y respetando los estándares internacionales de libertad de expresión. La Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión es la única salida a largo plazo de un ambiente de extrema polarización en torno al usufructo del espectro radioeléctrico, administrado equívocamente por el Estado Mexicano, como siempre, para el goce y disfrute de unos cuantos. Lo cierto es que, cada vez con mayor claridad, la sociedad civil está adquiriendo la capacidad de instalar sus propias radiodifusoras como instrumentos necesarios para la difusión de sus agendas. La cantidad de radios sin permiso o concesión está aumentando más allá de lo que cualquier análisis podía prever. En un escenario así, el Estado tiene la obligación de dejar de lado sus compromisos con los poderes fácticos y volver a su razón de ser primigenia: la búsqueda del bien común, lo que los obliga a buscar una salida inteligente, del tipo que plantea el Dr. Loreti en el texto ya citado. ¿O es acaso que el Estado Mexicano asume que esto es una especie de virus criminal que está contagiándose en diversos grupos de la sociedad civil mexicana? ¿Es realmente tanta la miopía que les imposibilita ver en esta proliferación de radios sin permiso la expresión de una necesidad social cada vez más imperiosa, cada vez más compleja, cada vez más extendida, cada vez más variopinta y cada vez más fácil de subsanar en la práctica? ¿Realmente asumen que la mejor respuesta es la represión en un país con tantas agendas represivas y de derechos humanos pendientes? ¿Realmente creen, como todos los estados de derecha, que la solución más práctica para cualquier reclamo social legítimo es reprimirlo?

Hace unos días, en una reunión informal (por lo que no pondré acá su nombre), un funcionario de COFETEL nos explicaba la “terrible” indefinición en la que esta instancia trabaja, con atribuciones que le llegaron vía la “Ley Televisa” que no han sido reglamentadas. Poco más o menos, el funcionario se quejaba de que la Comisión trabaja sin poder trabajar, actúa sin poder actuar, y que esa era la razón por la que no podían ser atendidas de manera más expedita las solicitudes de permiso. Cuando le pregunté porqué, entonces, sí se podía actuar de manera tan rápida y represiva contra las radios sin permiso y quién estaba asumiendo esa responsabilidad el funcionario, luego de rechazar el término “represión” -como si el término fuera una hipérbole innecesaria de mi parte-, dijo que nadie quería asumir esa responsabilidad. Pero en los hechos no es tan así; la articulación entre COFETEL, SEGOB, PFP, Presidencia de la República, Poder Judicial y demás instituciones involucradas es digna de los mejores Estados Policíacos. Su actuar es estratégico; bobo pero estratégico, articulado y sin duda el reflejo de una política de estado.

No habría mucho más que decir si no fuera porque esto debe convocarnos: convocarnos a la solidaridad con el Dr. Camero, convocarnos a la resistencia pacífica que garantice su libertad y el bienestar de las personas a su alrededor (su familia, sus compañeros y compañeras de lucha y sus compañeros y compañeras de la radio). A todas luces, evitar el arresto del Dr. Héctor Camero es un acto de justicia y de resistencia. A todas luces, si el Dr. Camero llega a la cárcel sería el primer preso político vinculado al movimiento de la radio comunitaria en México. Político, porque éste es un problema de libertad de expresión. Político, porque como todo problema de libertad en un país con un gobierno autoritario, como el nuestro, depende de la voluntad política de las partes o de la falta de ésta. Y “Tierra y Libertad”, y muchas otras radios comunitarias, han dado muestras suficientes de la suya.

Que Héctor Camero no llegue a la cárcel no puede quedarse en un deseo; su libertad total -y la regulación de la radio “Tierra y Libertad”- se convierten ahora en un símbolo necesario, en un signo que el Estado Mexicano tiene que enviarle al pueblo mexicano imperativamente: el signo de que la libertad de expresión en posible en nuestro país. Si él es un criminal para el Estado Mexicano, todos los que militamos en esa causa nos convertimos de inmediato en sus cómplices. ¿Nos van a meter a todos a la cárcel?

Otra vez, como con el caso Atenco (6), les recordamos: no hay cárcel donde quepamos todos. Y con todos nos referimos a miles, tal vez millones de personas que hoy en México sabemos que la comunicación y la libertad de expresión y pensamiento no son, no pueden ser, bien privativo de los que detentan el poder.

Daniel Iván
Para más información sobre el caso, visite: Brigada en Apoyo a Radio Tierra y Libertad.


(1). Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), organismo mexicano que desde los cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión del año 2006 tiene, entre otras atribuciones, la de otorgar las licencias (permisos y concesiones) para la radiodifusión en México.
(2). Secretaría de Gobernación (SEGOB), secretaría de estado encargada de la política interna del páis. Equivale al Ministerio del Interior en varios casos.
(3). La acusación se ha tipificado con base en el delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que establece una penalidad de hasta 12 años de prisión a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización.
(4). Loreti, Damian M. “Estudio sobre la Incompatibilidad con los Principios de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión del Castigo Penal de la Radiodifusión No Autorizada”. AMARC-Guatemala, Fundación Soros, ASDI y Danida. pp. 81-82.
(5). Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), secretaría de estado encargada de regular entre otras cosas las carreteras, las líneas de transporte, y (por absurdo que parezca) los medios de comunicación electrónicos en México. Esta última atribución quedó en entredicho durante el año 2006, cuando los cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión otorgaron esa facultad a la COFETEL, sin quitarle todas las atribuciones a la SCT (es que así se legisla en México).
(6). Atenco, uno de los hitos represivos más salvajes del Estado Mexicano en los últimos años. Para saber más sobre el caso, puede visitar la página de la Campaña “Libertad y Justicia para Atenco“.

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Soy un Artista Multidisciplinario. Me apasiona lo visual, las palabras y la música. Trato de tener algo de eso cada día de mi vida.

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